PROGRAMA MÍNIMO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO.

PROGRAMA MÍNIMO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

  1. FINANCIACIÓN.
  •  Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
  • Financiamiento  estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
  •  El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
  • Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
  • El Icetex solo  será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos,  suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
  1. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
  •  Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
  1. BIENESTAR
  •  Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
  • Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
  1. CALIDAD ACADÉMICA
  • Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
  1. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
  • Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
  1. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
  • La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
  • Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
  • El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
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    Exigir al gobierno nacional:

    1.Que se instale una mesa de negociación con una comisión nacional de estudiantes universitarios en la cual se discuta el presente pliego de exigencias.

    2. El retiro inmediato de las fuerzas policiales y el ESMAD de los campus universitarios, como condición indispensable para el desarrollo del ejercicio libre de la crítica y el debate democrático propios del que hacer de los universitarios.

    3. Garantías para desarrollar el derecho de la protesta, la movilización y organización de los estudiantes en todos los espacios del territorio nacional. Tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de los estudiantes y dirigentes universitarios colombianos.

    4. Que no se presente la propuesta de Reforma a la Ley 30 en el Congreso, y que se construya una metodología vinculante, decisoria y democrática en la cual los estamentos (Estudiantes, Profesores, Trabajadores, entre otros) de todas las Universidades del país, generen como producto una Nueva Ley de Educación Superior, que sea firmada como Ley de la República por el Congreso.

    5. Incrementar la base presupuestal de las Universidades Públicas del país en un 6 % para la vigencia 2012, mientras se discute con el gobierno nacional una fórmula de financiación que permita resolver de manera efectiva los problemas presupuestales de dichas Universidades en el mediano y largo plazo.

    6. Congelación de matriculas en todas las universidades públicas del país y un incremento no mayor la IPC en las universidades privadas.

    7. Suspensión inmediata de los procesos judiciales y cobros jurídicos generados por concepto de créditos educativos del ICETEX, con el fin de renegociar plazos y tasas de interés mientras se estudian opciones de condonación de estos créditos.

    8. Aumento de los recursos que destinen las Universidades para programas de Bienestar, así como la definición explícita de los programas a los cuales se destinarán estos recursos: Alimentación, Salud, Vivienda. Creación de Tarifa diferencial en el Transporte Público subsidiados por el Estado para los estudiantes.

    9. Ampliación de la planta docente promoviendo la contratación directa de profesores universitario

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    *DECLARACIONES DE LA MANE – JAIRO RIVERA

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