La mentira de Colombia asesina la verdad de Ana Fabricia

Por: periodismohumano Olga Gayón – Periodista *El pasado 7 de junio

*Ana Fabricia Córdoba se subió al autobús que la llevaría hasta su casa en la comuna nororiental de Medellín, lugar de favelas o invasiones, como se denominan en Colombia las laderas de las ciudades habitadas por miles de personas que ni siquiera cuentan para las estadísticas de la pobreza. Eran las diez y media de una mañana soleada.

Ana Fabricia, de 51 años y negra como la tierra que hubo de abandonar hace años, tomó asiento; instantes después, un hombre que se subió con ella en la misma parada le pegó un tiro en la cabeza que hizo estallar la ventana en mil pedazos. Acto seguido se apeó del autobús sin problemas. El chófer dice que sólo se percató cuando oyó ruido de cristales rotos porque la bala que atravesó el cráneo de Ana Fabricia salió desde el frío hierro con silenciador. Mientras, el cuerpo de esta líder de desplazados de la provincia de Antioquia, yacía inerte, dejando yerma su causa, como el territorio que ella abonó sin descanso para que germinara por fin una semilla, al menos una, de la verdad, justicia y reparación para las víctimas. A Ana Fabricia la mataron por no callar, por no querer resignarse a su suerte de desplazada ni a esa indigencia a que la sometió el Estado colombiano, por no acoplarse indignamente a la mentira que su verdad desnudó, aquella que pregona que en Colombia sus buenas gentes ya no corren peligro porque un gran salvador, instalado ocho años en el poder, trajo consigo las bondades de un país sin conflicto armado.

Los abuelos y padres de Ana Fabricia huyeron de la violencia política de Colombia de los años sesenta del siglo XX. Abandonaron sus tierras en la provincia de Santander, al noreste de Colombia, para asentarse en la provincia del Chocó, al noroeste, la más olvidada y pobre del país, pero que entonces era generosa en biodiversidad y con grandes tierras sin propietario conocido. Paraíso que no tardaría en convertirse en un verdadero infierno cuando los criminales se percataron de su inexplotada riqueza. Allí le tocaría ver cómo mataban a parte de su familia. Luego, en la década del noventa, una noche en la que las llamas asaltaron el descanso que en el campo trae consigo la oscuridad, Ana Fabricia salió despavorida de su tierra, con sus cinco hijos, porque los paramilitares de extrema derecha le asesinaron a su esposo y le dejaron claro que si a la mañana siguiente había algún indicio de vida humana en su parcela, el plomo se encargaría de borrarla. Así, con la sangre de su esposo esparcida por su tierra, fue despojada de su historia, de sus cultivos y animales, que inmediatamente engordaron la codicia de esos verdugos que únicamente hablan el lenguaje de la muerte. Viuda, desharrapada y hambrienta, llegó a un municipio del Urabá, provincia de Antioquia, de donde en 2001 le tocó huir otra noche hacia Medellín, la gran ciudad, porque los asesinos de la extrema derecha en connivencia con el ejército, algunos políticos y una que otra multinacional, amenazaron con matar a sus hijos al negarse a venderles la tierra que años atrás ellos mismo la habían obligado a abandonarla: “No está en venta”, dijo con voz firme. “No, porque es la tierra de mis hijos”.

En Medellín también tuvo que desplazarse al menos nueve veces, tugurio, tras tugurio. Y en los últimos meses se desplazaba cada noche de casa en casa para proteger a su familia porque lo usual, lo normal, es que maten a los amenazados en sus casas mientras duermen. Allí también los victimarios le desaparecieron forzosamente a un hijo y le violaron a una hija. En 2010 la policía, según sus denuncias, torturó y asesinó a otro de sus hijos: “Conozco a los asesinos de mi hijo; son policías del barrio de La Cruz”, lugar de uno de sus últimos domicilios. “A mí también me van a matar, pero yo no puedo callar porque lo que quiero es justicia; no tengo miedo… ¿Qué es lo que hecho? ¿Por qué persiguen así a una mujer indefensa?”, decía hace unos meses ante las cámaras de una televisión local. El 7 de junio de 2011 los asesinos cumplieron su sentencia. Ana Fabricia fue silenciada para siempre porque su verdad desmentía la aparente seguridad que trajo a Colombia el ex presidente Álvaro Uribe. Sus tres hijos que quedaron vivos ya han denunciado que tras el crimen de su madre, recibieron amenazas de muerte: “si no cierran la boca como ahora la tiene su mamá; si no se callan ya saben quiénes serán los próximos”, dijo una voz al otro lado de la línea telefónica. Iguales amenazas han tenido que escuchar sus compañeras de lucha que con el alma desgarrada y bajo el anonimato, han declarado a los medios que no sólo han asesinado a Ana Fabricia: “nos han arrebatado la alegría que tras tanto dolor, ella y sólo ella, nos transmitía para animarnos a no callar tanta injusticia”. La historia de Ana Fabricia, viuda, víctima de muchas violencias y abandonada, perseguida y repudiada por políticos y autoridades colombianas, es la misma de sus abuelos y padres, la de su primer esposo y la de sus hijos; también la de 5.2 millones de desplazados que en 25 años ha dejado la guerra en Colombia: generaciones completas de víctimas que son revictimizadas y vueltas a victimizar, desprotegidas por un Estado que le gusta presumir de ser la democracia más antigua de América Latina pero que tras la propaganda internacional esconde las más aterradoras cifras y realidades de todo el subcontinente. La mentira en Colombia se ha instalado en el imaginario colectivo y también, gracias a la nada despreciable ayuda de miles de millones de euros, la han sembrado en el imaginario mundial. Esa mentira que oculta la verdad tras las amables palabras del actual presidente Juan Manuel Santos, esa misma mentira que pone un manto a la evidencia, tras las altisonantes cifras económicas y de aparente seguridad del pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez; ésa mentira y no otra, es la que ha asesinado a Ana Fabricia. Porque esta mujer de 51 años, con sus mejillas húmedas por las lágrimas y con su piel negra, orgullosamente negra y curtida por el dolor, tuvo el coraje que le hace falta a los que allí matan sin piedad: gritar muy alto, empleando su valor como altavoz, que todos los asesinos de cuatro generaciones de su familia son antiguos y nuevos narcoterratenientes que, escondidos en los llamados grupos paramilitares, comparten manteles con miembros de la policía, de las fuerzas militares, de los servicios secretos, de partidos políticos, de representantes de grades empresas locales e internacionales, de bandas de narcotraficantes y de altos miembros del Estado. Y denunciar esa verdad en Colombia es asegurar prematuramente tu propio funeral. “Para conseguir nuestros derechos se nos van a caer miles de hombres en el camino; tenemos que ser fuertes. Seguiremos en la esclavitud si no ponemos de nosotros mismos”, decía ella en todas las reuniones a las que asistía como líder de los barrios de invasión de Medellín, atestados de miles de desterrados, negros, indígenas, mestizos y blancos.”A mí me van a matar, pero tranquilos, no tengan miedo, sigan luchando”. A través de su organización Latepaz, congregó a los que fueron callados con las más despiadadas violencias y que encontraron refugio en el purgatorio de esa Medellín de las comunas, atiborrada de casas de cartón, madera, lata y uno que otro ladrillo. Allí las mujeres, que en Colombia representan el 60% de los 5.2 millones de desplazados, se han unido para que no les desparezcan o maten a sus hijos y para que el Estado les devuelva sus tierras arrancadas a punta de fuego, machete y motosierra, armas que han empleado los paramilitares en connivencia con la fuerza pública, para desmembrar en vida los cuerpos de hombres, mujeres y niños. Esta miembro de la Ruta Pacífica de Mujeres, en sus encuentros con autoridades de la ciudad, de la provincia, del Gobierno nacional y de organismos internacionales como la ONU, denunció la sentencia de muerte que planea sobre la vida de los desplazados y sus familias. Con su fuerte voz, desenmascaró a un país que convirtió a millones de campesinos en un ejército de mendigos desparramados por toda Colombia, cuando en sus parcelas vivían dignamente de pequeños cultivos y de la cría de animales. “Lo más doloroso de este destierro es que las madres sin empleo, sin con qué garantizar la salud de sus hijos, ni siquiera la escuela ni tan solo la comida del día, se ven obligadas a madrugar a las cuatro de la mañana para ir la central de abastos [gran comercializadora de alimentos para toda la ciudad de Medellín] a implorar que les regalen una yuca, una papa o un plátano, que les sobre o que vayan a tirar a la basura, para poder hacer una sopa para sus hijos”. Ana Fabricia es la verdad que con valor se opone a la cobarde mentira colombiana. Esta mujer de 51 años, a quien el Estado despreció, abandonó e incluso llevó a la cárcel con un montaje judicial que la acusó de pertenecer a las FARC y que quedó en evidencia cuando no encontraron ni una sola prueba, representa lo que Colombia tapa: una realidad de la que son víctimas al menos el 11% de sus 48 millones de habitantes, a quienes los poderosos les robaron siete millones de hectáreas, empleando métodos feroces que ni siquiera ha conocido Europa en sus peores épocas, y otros que copió literalmente del más grande genocidio que ha conocido la humanidad: los hornos crematorios. La mentira de Colombia llevó a valorar la vida de Ana Fabricia en 0 céntimos y a estimar su muerte en 50.000 euros, recompensa que ofreció la policía para quienes proporcionen información fiable sobre sus asesinos; la misma institución que, según las denuncias de Ana Fabricia, asesinó en 2010 a uno de sus hijos. Los hijos que le sobreviven, y varias ONG de derechos humanos, entre ellas el GIDH –Grupo Interdisciplinario por los DDHH- con sede en Medellín, hacen responsable de su asesinato, directamente al Estado. Si su país la hubiese respetado, como tampoco lo ha hecho con las millones de víctimas que ignora, con mucho menos de 50.000 euros ofrecidos generosamente tras su muerte, hubiese evitado el asesinato, ya no de ella sino de al menos diez de sus parientes, cuya sangre tiñe de rojo la historia de Colombia y dignifica la lucha de esta mujer negra, primero huérfana por la violencia, luego viuda, después desterrada, desamparada y olvidada que, para mayor dolor, tuvo que enterrar a uno de sus hijos y dar por desparecido a otro; vamos, la realidad colombiana, en toda su esencia.

Ana Fabricia está muerta y su descendencia que todavía no le han matado, completamente huérfana: una chica de 28 años, un chaval de 19 y una adolescente de 13 que, como millones de jóvenes en Colombia, desde antes de nacer, han sido condenados a no tener futuro. En Colombia, según la mentira que se pasea por el mundo y que es recibida con honores por los Jefes de Estado y de Gobierno, durante ocho años no hubo conflicto armado y por tanto no hubo víctimas. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe, gran terrateniente, dictaminó que los cinco millones de desplazados ni eran eso ni refugiados internos; eran migrantes. Ana Fabricia durante esos años gritó muy fuerte para que les devolvieran la dignidad a los desplazados “porque no hay que pedir perdón por existir” a los paramilitares de extrema derecha que desde 2002 tomaron posesión en las comunas de Medellín, donde ella habitaba y que, en connivencia con la policía “humillan, vejan, torturan, desparecen y asesinan”, sobre todo a los jóvenes, incluidas las adolescentes; esa era su principal denuncia. La mentira instalada en Colombia llevó a que miles de asesinos, responsables de crueles matanzas y que echaron de sus tierras a millones de personas, se acogieran a un mentiroso proceso de paz, para pagar, en solo algunos casos, leves penas en cárceles. Y cuando los grandes capos de los grupos de extrema derecha comenzaron a hablar con la verdad, denunciando a altos mandos del ejército, a prestigiosos políticos y a grandes empresas, como sus colaboradores, esa mentira que hoy campa en Colombia a sus anchas, extraditó al menos a 20 de esos hombres a las cárceles de Estados Unidos. Allí la verdad quedó literalmente tras las rejas. Tal es la mentira, que miles de criminales de esas agrupaciones ahora integran nuevos grupos paramilitares y, gracias a ese don particular de los políticos colombianos por ocultar la verdad, ahora las denominan Bacrim, con el único fin de tapar la estafa monumental que le hicieron al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, llamada proceso de paz. Y como la mentira igual que la muerte en Colombia no descansa, las víctimas, que se cuentan por miles, no tienen derecho a ser reconocidas como tales, porque, según la gran mentira, esas bandas son de delincuencia común, por tanto, “son producto del enfrentamiento entre bandas criminales”. No tardarán en decir que Ana Fabricia fue asesinada en un “ajuste de cuentas”. Y contra esa mentira ella combatió sus últimos años.

Porque son los paramilitares y no otros, en muchos casos en connivencia con la fuerza pública, los que están atemorizando y asesinando a los líderes de los procesos de restitución de tierras que han comenzado en Colombia; los mismos asesinos que la silenciaron, los mismos que asesinaron a gran parte de su familia. Con ella, durante los 10 meses de gobierno de Santos, son 16 los líderes que han caído bajo las balas de la amalgama existente entre escuadrones de la muerte, miembros de la fuerza pública, narcotraficantes, multinacionales, empresarios y políticos colombianos. Esos 16 líderes representan a millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras y que ahora deambulan por las grandes y medianas ciudades de Colombia. A Ana Fabricia la mataron 3 días antes de promulgar casi con pregón de fiesta, la famosa ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’. Ley que, por supuesto, no fue consultada a las víctimas. La plataforma Oidhaco – Oficina Internacional de derechos Humanos-Acción Colombia- que agrupa a 32 organizaciones europeas e internacionales, con sede en Bruselas, fue muy clara al condenar el hecho. “El asesinato de Ana Fabricia Córdoba, reconocida por su lucha en favor de los desplazados y líder de los procesos de restitución de tierras, es una muestra más de la falta de medidas eficaces de protección para las comunidades y las organizaciones que les acompañan en sus exigencias del derecho al territorio. Esta ley, conocida como ‘Ley de Víctimas’, no contempla medidas eficaces para la protección de las personas que luchan para un regreso en condiciones dignas a sus tierras”. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, invitado especial el pasado 10 de junio a Bogotá, para la presentación mundial de la famosa ley, también pidió medidas efectivas que garanticen la vida de todas las víctimas y de quienes las representan. Todas las ONG de derechos humanos de Colombia, además de condenar el hecho, se han retirado de la mesa de diálogo con el vicepresidente Angelino Garzón, a raíz del asesinato de Ana Fabricia. Exigen que de una vez por todas, los representantes del gobierno dejen de condenar con golpes de pecho los asesinatos de los defensores de derechos humanos y comiencen ya a proteger sus vidas. ‘La ley de víctimas y de restitución de tierras’ ha ocupado los espacios mediáticos en Colombia durante una semana. Las víctimas, que en mayoría no se sienten representadas en esta ley, temen mucho que esto no pase de ser un gesto de propaganda que lleve a que unos pocos miles recuperen sus tierras para tomarles la foto y que luego, ni haya voluntad política ni dinero para devolverles lo que les fue arrebatado.

Y de lo que están seguros, es que no tendrán ni reparación ni verdad ni justicia. Existe mucha desconfianza ante la famosa ley porque podría ser una mentira más que pasará a ser verdad, únicamente en los titulares de la prensa. Contra esta gran mentira de Colombia luchaba Ana Fabricia y por ello entregó su vida. Contra esa mentira seguirán luchando miles, esperando que algún día, alguna generación de víctimas pueda decir que habita un país de verdad porque sus hijos sí nacieron con futuro.

Ver video:

Cortesia de Revista Semana:

Link http://www.semana.com/multimedia-nacion/desaparecen-ahi-estan-companeros-no-miedo-ana-fabricia-cordoba/4135.aspx

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