La líder comunitaria Juliana de Souza Silva participaría por primera vez en unas elecciones. A sus 44 años, reconocida por su activismo en los barrios Carmary y São Benedito, en la Baixada Fluminense, Nega Juh fue precandidata a concejala por el PL en Nova Iguaçu.
La noche del sábado 15, se encontraba comiendo en una caravana en compañía de su único hijo, Alexander de Souza Gomes, de 27 años, cuando cuatro encapuchados se acercaron y les dispararon varias veces, muriendo instantáneamente.
La muerte de Nega Juh se suma a otros cinco casos de asesinato de precandidatos, probablemente por motivos políticos, que se han producido en el país desde finales de abril. El 23 de mayo, el concejal Juliano Balbino, del PSC, fue ejecutado en Paty do Alferes (RJ). Una semana después, fue el turno de Valmir dos Santos de ser asesinado a tiros en Umburanas, Bahía. En Ceará, tres concejales fueron asesinados entre el 28 de abril y el 9 de mayo: César Veras, del PSB, en Camocim, Erasmo Morais, del PL, en Crato, y Geilson Lima, del PL, en Icó.
La probabilidad de que la violencia se agrave a medida que se acercan las elecciones, como ocurrió en 2016 y 2020, llevó a la ministra Cármen Lúcia, presidenta del Tribunal Superior Electoral, a equiparar los ataques con la difusión de noticias falsas en la lista de amenazas al proceso electoral. “En las próximas elecciones los actos de violencia deberían estar cada vez más presentes”, advirtió el ministro.
Los números justifican la preocupación. Según la Asesoría Especial de Seguridad e Inteligencia del TSE, en 2020 se registraron 99 homicidios o intentos de asesinato de candidatos, más del doble de los casos registrados cuatro años antes.
¿Es el sistema de Justicia capaz de garantizar la seguridad e integridad de los candidatos en las elecciones de 2024?
Fuente: CartaCapital
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